La Ley de Acceso no está pensada para escaladores ni montañistas

El proyecto que se discute actualmente en el Congreso tiene grandes vacíos que dejan por fuera a las personas que no requieren infraestructura, guías o concesiones turísticas y, con esto, no se está generando un real derecho de acceso para montañistas, exploradores o deportistas. Sin embargo, se abre una ventana para corregirla.
Por Camilo Castellanos
Las imágenes no eran muy nítidas, pero la escena era clara: en medio de un cerro seco, el futbolista Mark González se defendía, junto a su familia, de golpes y piedrazos. Todo, por intentar acceder a un cerro. La escena fue la que impulsó el proyecto de ley de acceso a las montañas  en el Congreso y llevó a que, incluso, se comenzara a conocer el proyecto como “ley Juan Pablo Mohr”, en honor al montañista nacional fallecido en el K2. Pero, más allá de la escena, el proyecto busca corregir una realidad: más de la mitad del territorio nacional son montañas y, sin embargo, no podemos acceder a todas o incluso a la mayoría de ellas (ni siquiera si están en terreno fiscal). Sin embargo, en su discusión parlamentaria  la iniciativa ha tenido fuertes cambios.
Con esto, las diferentes ONG que estaban detrás del proyecto comenzaron a perder la esperanza. “Veo el proyecto como un camino hacia la turistificación y burocratización”, criticó Paulo Cox, fundador de Andeshandbook en un conversatorio junto a Acceso PanAm y Fundación Plantae. “Yo creo que Juan Pablo Mohr no se merece una ley tan mala”.
La crítica se fue repitiendo y Fundación Plantae advirtió sobre  la “letra chica” del proyecto tras su aprobación en la Cámara de Diputados (ahora se discutirá en el Senado). Pero, más que “letra chica”, el proyecto parece tener problemas de fondo. Entre los principales está que es una iniciativa que no entrega un acceso libre similar al que hay a playas, ríos y lagos. El acceso se limita a concesiones y solo a algunas cumbres. Al final, los montañistas, exploradores y deportistas no podrán gozar de un acceso libre si se aprueba la iniciativa como llegó al Senado.
“Claramente los menos beneficiados con esta ley son justamente los deportistas que no suelen requerir guías ni infraestructura habilitante, y aquellos que persiguen prácticas poco difundidas, como el montañismo invernal, la escalada en roca y hielo”, dice Camilo Hornauer de Fundación Plantae. “Esta ley no está pensada para esta clase de usuarios y sí para un público más general: senderistas, turistas y quienes acceden de forma más guiada y controlada a los territorios de montaña”, agrega. Por esto, más que una ley que entrega derechos al acceso, se está hablando de una “turistificación” de la montaña.

Los límites del proyecto

El proyecto que se aprobó en la Cámara, en simple, busca abrir la propiedad fiscal mediante planes de habilitación que especifiquen las condiciones de uso. Hasta ahora, las especificaciones de esos planes (si requieren infraestructura específica o acreditaciones, por ejemplo) no se conocen. Y las restricciones que pueden tener tampoco. Pero sí quedan claros los límites que impone este proyecto. “En la última versión no se está considerando a usuarios que buscan acceder a la montaña fiscal por locaciones o portales no habilitados. Es decir no se está generando un real derecho de acceso para montañistas, exploradores o deportistas que se planteen objetivos fuera de los circuitos y accesos más ‘oficiales’, lo que es sin duda un vacío”, advierte Carolina Ruiz de Plantae.
“De ahí viene la crítica de que es una turistificación”, dice Christian Moscoso, director regional de Acceso PanAm. “Se considera a todos los visitantes como turistas y obliga a que todos los que van a estas montañas tengan que entrar por un solo lugar en el que se establece posibilidad de cobro y no se especifica si es solo en caso de, por ejemplo, usar los refugios u otra infraestructura. Eso no establece la ley”, agrega.
El riesgo, entonces, es que además de ser restringido, se podría llegar a cobrar por el mismo acceso. Moscoso critica que se esté metiendo a turistas, montañistas y todo tipo de visitante “en el mismo saco”. “No se reconocen los diferentes usos y se podría cobrar por el acceso sin que se use la infraestructura. Y sabemos que los montañistas no usan infraestructura normalmente”, dice. “Queda en manos del diseño del proyecto o de Bienes Nacionales”.
Además, el proyecto pone como requisito aceptar “protocolos de seguridad” que establezca Bienes Nacionales para poder acceder, agrega Ruiz. Y, pese a que todavía no se conoce el contenido de esos protocolos, la experiencia no ha sido positiva, Ruiz da ejemplos: los accesos del Río Olivares y Colorado, donde para entrar a ciertos sectores se requiere ser federado (solo 500 persona lo son) y se prohíbe el ingreso en invierno.
La ley también incluye un elemento complejo en estos “protocolos de seguridad”. El concesionario es el que se deberá estar a cargo de la seguridad y educación ambiental, no el Estado. Esto podría llevar a elevar los precios por acceder para poder costear la seguridad o un eventual rescate.  Y se podría desincentivar el acceso a lugares donde haya más riesgos o requieran expediciones más complejas.

Solo algunas montañas

“Estoy muy contento porque el Proyecto de Ley que convierte las montañas fiscales en espacios públicos se aprobó de manera transversal. Así se podrá hacer montañismo, senderismo, manteniendo el respeto al medio ambiente y a los principios de seguridad y democratización del acceso”, dijo el Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, durante la votación del proyecto de Ley de Acceso a Montañas Fiscales en la Cámara. Sin embargo, su intervención en el contenido del proyecto es una de las principales críticas que hay desde las ONG.
Una intervención que afectó, principalmente, la selección de qué montañas tendrían acceso. Acá el problema ha sido el cambio de definiciones que se ha dado en la tramitación. El proyecto original delimitaba el área utilizando métricas de altitud y prominencia. Se entendía a los sitios de montaña o principales cumbres como: “formaciones geológicas que alcancen los 400 metros de prominencia y/o al menos un 65% de la altitud de la cumbre más alta de la región en la que la propiedad se emplaza”.
“Plantae hizo el ejercicio con ese porcentaje para la Región Metropolitana y demostró que dejaba muchos cerros fuera”, explica Hornauer. Esto presionó para que el diputado RN Sebastián Torrealba, uno de los principales impulsores de la ley, lo modificara y se bajara al porcentaje a 35%. Así entró la iniciativa a la Cámara de Diputados. Pero no duró mucho.
En la tramitación, la influencia del ministro Isamit hizo que esta definición cambiara (desde el ministerio no quisieron participar de este reportaje). La nueva definición recoge la hecha por la FAO (63,8% del territorio nacional es montaña) y con ello el territorio aumenta. “Sin embargo, el articulado del proyecto va acotando ese vasto territorio”, advierte Ruiz. El reglamento identificará cuáles son las principales montañas y la priorización se haría gradualmente mediante una consulta ciudadana. “En definitiva, cada año pudiera considerarse un territorio por región, lo que implicaría un solo nuevo punto o portal de acceso. Todo asociado a presupuestos anuales y planes de habilitación”, agrega.
Con esto, Bienes Nacionales gana atribuciones, dice Moscoso. El ministerio será el encargado de  hacer definiciones sobre qué montañas pueden ser consideradas adentro de la ley de acceso y puede dar definiciones sobre proyectos que se realicen en territorio fiscal donde, incluso, no tenga administración actualmente. Y, para que haya acceso, se requiere de un tercero que puede hacer un proyecto de habilitación a través de concesiones. Ruiz advierte que, de cierta forma, esto implica privatizar el acceso sin que se garanticen criterios como que sea expedito o que sea acorde al bienestar de la población. “En definitiva, que tenga un título y una definición de montaña, no convierten a este proyecto en una real ley de acceso, pues no otorga un derecho real”, dice.
A este límite se suma otro. El proyecto agrega que el acceso no podrá exigirse a terrenos donde se desarrollen actividades industriales (en terreno fiscal). En las ONG creen que esto debe ser evaluado caso a caso y que, para nuevos proyectos industriales, se exija presentar trazados o accesos alternativos a las cumbres localizadas en territorio fiscal.
Todos estos elementos hacen que el proyecto que entró en segundo trámite al Senado sea un proyecto bastante limitado y limitante. “De todas las montañas del país, no se considera la propiedad privada, sólo afecta la propiedad fiscal de montaña. Y de esta, establece que se tendrá acceso solo a aquellas montañas con algún tipo de administración. En el fondo, queda un porcentaje muy pequeño que se espera aumentar a través de la entrega de concesiones, pero sin garantizar el derecho al acceso como tal”, dice Moscoso. Y, en el caso de la escalada y el montañismo, queda por fuera un tema clave: la exploración. “Solo se abrirán accesos a zonas atractivas para la explotación turística de estas. La exploración deberá realizarse en áreas que ya cuenten con un acceso y administración formalizado”, critica Moscoso.

Una oportunidad

La batalla por una ley de acceso que sí beneficie a escaladores y montañistas, sin embargo, no está perdida. “Hay una ventana política para poder incidir con mejoras al proyecto de ley que aún no se vota en el Senado”, dice Hornauer. Explica que la intervención del ministro Isamit complicó la ley. “Hizo que el acceso quedará bien amarrado a actos administrativos y a la habilitación de puntos de accesos, lo que gusta mucha a la política y empresariado chileno, pues da un sentido de mercado a la montaña”, critica. Por lo mismo, cree que es momento de encausar el proyecto, pero hace un llamado a ser realistas. “Como comunidad montañera debemos articularnos y buscar puntos comunes, presentar propuestas concretas. Siempre miramos con admiración el derecho del libre deambular o “Right to Roam” de los países nórdicos, pero ahora estamos llamados a acotar y plasmar un marco legal y derechos que marquen un precedente y un rumbo”, dice.
Moscoso reconoce que este proyecto está lejos del derecho de acceso que hay a las playas, por ejemplo. Esto, incluso, antes de la irrupción de Bienes Nacionales en la discusión de la Cámara. Por eso, en Acceso PanAm buscan impulsar un proyecto paralelo que prepararon cuando vieron que la discusión no seguía el curso que ellos buscaban. Un proyecto que, a su juicio, “sí establezca un derecho para la ciudadanía”. Y Moscoso agrega que, ahora, lo importante es seguir defendiendo el derecho al acceso y que, por ejemplo, no se permita cobrar por él.
Y, además de la discusión en el Congreso, hay otra oportunidad. La nueva constitución, podría ser la que instale el anhelado derecho de acceso a la naturaleza.